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El Gobierno de Tamaulipas logró acuerdos para la digna atención y tratamiento de cadáveres de personas víctimas de Covid-19, esto, tras celebrarse reunión con representantes, administradores y dueños de empresas funerarias del estado.

César Verástegui Ostos, Secretario General de Gobierno, detalló en la exposición el protocolo marcado por la Secretaría de Salud, así como la responsabilidad de la Comisión Estatal de Prevención de Riesgos Sanitarios en este procedimiento, que puede presentarse en tres escenarios: muerte en centro hospitalario, en domicilio o en vía pública.

Con la presencia del Subsecretario de Gobierno Humberto Zurita Eraña. Gloria Garza Jiménez, Subsecretaria de Legalidad y el Comisionado Estatal de COEPRIS, Oscar Villa Garza, se atendieron y resolvieron dudas generadas por las funerarias ante el proceso que exigen las normas internacionales desde la recolección del cadáver, inhumación o cremación según sea el caso.

Así mismo se definió el compromiso por parte del Gobierno del Estado, de proveer de insumos para personal que tenga contacto con el cuerpo de la persona fallecida por COVID-19, además de cubrir el costo de inhumación o cremación del cadáver.

Las funerarias por su parte se comprometieron a respetar el rol de intervención de cadáveres estipulado por COEPRIS en cada municipio.

El Secretario General de Gobierno agradeció la disposición de los prestadores de servicios, pues además se comprometieron a cubrir costos extras generados por, en caso de ser necesario, el uso de ataúdes de dimensiones más amplias, lo que confirma el compromiso con el Gobierno Estatal y la población de Tamaulipas, ante la pandemia que enfrentamos.

Los gobernadores de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Michoacán, sostuvieron este viernes una reunión estratégica con empresarios y representantes de los sectores productivos de cada entidad, en la que acordaron acciones conjuntas para reactivar la economía de los estados y proteger el empleo, ante el impacto negativo de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Participaron Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Miguel Riquelme Solís, de Coahuila; y José Rosas Aispuro, de Durango; y Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán, junto a 50 empresarios de forma presencial y 500 vía videoconferencia.

El gobernador, García Cabeza de Vaca, propuso avanzar hacia un acuerdo por la reactivación y prosperidad del noreste y los estados de Michoacán y Durango, que sirva como plataforma común para impulsar las economías y promover iniciativas de cooperación regional.

“Tenemos que innovar, ser más audaces, usar al máximo nuestras potencialidades económicas, productivas e institucionales. Usar el federalismo, nuestras competencias y capacidades, como palanca de desarrollo. Un federalismo en el que todos aporten para crear riqueza y bienestar”, dijo.

Aseguró que los gobernadores no quitarán el dedo del renglón para que las reglas de coordinación fiscal cambien para garantizar un trato más justo y equitativo hacia las entidades que más producen.

“Pero mientras existen las condiciones para que eso ocurra y se vuelva una realidad, debemos unir esfuerzos, sumar lo mejor que cada estado tiene, cuidarnos mutuamente como región, frente a una contingencia que dejará muchas familias desoladas por la muerte y, también, desafortunadamente, muchas familias desamparadas por la falta de empleo y la pobreza”, lamentó.

En la reunión, autoridades de gobierno y empresarios, acordaron crear mesas de trabajo permanentes para prevenir y mitigar los efectos negativos de la emergencia sanitaria en industrias estratégicas como construcción, vivienda, manufactura, agropecuaria, comercios y servicios, automotriz, energética e instituciones financieras.

Los representantes de organismos empresariales solicitaron a los 5 mandatarios su intervención para solicitar al Gobierno de México la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal, homologación de la operación de las industrias esenciales con Estados Unidos y Canadá, flexibilidad y agilidad en la política fiscal federal y la cancelación de proyectos no prioritarios.

Este jueves fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación del Fondo económico “Héroes de la Salud” que fue anunciado por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, para incentivar al equipo de salud que está atendiendo a los pacientes con COVID-19 en la red de hospitalaria de salud en Tamaulipas.

Con la creación de este fondo, el Gobierno del Estado de Tamaulipas ratificó su compromiso con las y los trabajadores de la salud, quienes actuando con plena responsabilidad en la primera línea, ayudando y protegiendo a las y los ciudadanos de los efectos del COVID-19.

“Heroes de la Salud” tiene como objetivo brindar apoyos económicos y en especie entre los que destacan:

*Apoyo de Gratitud.

Son apoyos económicos del salario y canasta básica adicionales durante el periodo de la Declaratoria de Emergencia.

*Apoyo para línea crédito personal en caso de contagio.

Línea de crédito personal para aquellos potenciales beneficiarios que sean diagnosticados como infectados de COVID-19.

*Apoyo para póliza de seguro anual.

Apoyo para la contratación de una póliza por invalidez.

*Apoyo para la contratación de una póliza por muerte, entre otros.

Estos estímulos van dirigidos a todo el personal de salud que desempeñe sus servicios en las instituciones médicas de Tamaulipas donde se atienda a pacientes con COVID-19, incluyendo a trabajadores de nivel federal como el IMSS o el ISSSTE.

En este fondo económico también está incluido personal de limpieza que se encuentra laborando en las áreas de atención COVID-19, los empleados de las áreas de pruebas moleculares PCR considerándose todo el personal que se encuentra formando parte del laboratorio estatal de salud pública, paramédicos de las ambulancias que trasladan a pacientes con COVID 19.

El Fondo es de inversión libre, abierto, constituido por aportaciones únicas o consecutivas voluntarias de servidoras y servidores públicos de Gobierno del Estado, empresarios, asociaciones, organismos internacionales y ciudadanas y ciudadanos con fines altruistas.

Las aportaciones irán a la cuenta especial número 1105812707 con la clabe interbancaria 072810011058127074 de Banorte, creada específicamente para este propósito.

Las instancias responsables de instrumentar los procesos de operación del Fondo serán el Sistema DIF Tamaulipas en coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, en el ámbito de sus competencias.

En el caso de los empresarios, ciudadanas y ciudadanos que se sumen a la causa de manera solidaria, deberán y deseen su comprobante de donación deducible de impuestos deberán mandar los comprobantes de transferencia, su RFC al correo electrónico fondo.heroes.salud@diftam.gob.mx.

Para la creación de dicho fondo, el Gobernador y varios funcionarios estatales anunciaron la donación del sueldo y compensación del mes de abril; posteriormente se realizará una aportación mensual durante el tiempo que dure la contingencia.

El Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que derivado de las recomendaciones del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, firmará un decreto para establecer nuevas medidas obligatorias, encaminadas a proteger la salud de las familias tamaulipecas ante la fase 3 de la propagación del COVID-19.

En un mensaje a la población tamaulipeca, el mandatario destacó las acciones tempranas emprendidas por el Gobierno del Estado, que lo han colocado como una de las entidades con menor incidencia de contagios por COVID-19.

«En Tamaulipas no podemos bajar los brazos en este momento; la vida y la salud de las personas es el derecho más preciado, por ello, y con el único propósito de salvar vidas y proteger la salud de los tamaulipecos, el día de mañana estaré firmando un decreto para que se establezca de manera obligatoria las siguientes medidas determinadas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud», dijo el mandatario en un video publicado en sus cuentas de redes sociales.

El decreto establece el cierre de manera temporal todas las actividades no esenciales; las únicas actividades que serán permitidas serán las de farmacias, laboratorios, clínicas, tiendas de alimentos y restaurantes (servicio para llevar), servicios de agua, gas y gasolineras.

Se aplicará el programa «Doble no circula» en Reynosa, Matamoros, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, San Fernando, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, y Río Bravo.

El lunes no circularán los vehículos con placas terminadas en 0 y 1; el martes las terminadas en 2 y 3; el miércoles las terminadas en 4 y 5; el jueves las terminadas en 6 y 7; el viernes las terminadas en 8 y 9. Esta medida aplicará para los vehículos nacionales y extranjeros y define las excepciones para vehículos en situaciones de urgencia, los oficiales de trabajo de gobiernos y empresas.

El decreto establecerá cierre de todos los centros comerciales del estado y la colocación de filtros para reducir la movilidad entre municipios, con presencia de autoridades de seguridad pública y salud, en los accesos a las ciudades principalmente con mayor número de casos positivos de COVID-19.

También se reforzarán los filtros en los accesos carreteros que comunican a Tamaulipas con Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, además de los cruces internacionales.

También se exhortará a las tiendas de autoservicio intensificar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, permitir la entrada a la tienda a una sola persona por familia, desinfección de carritos, uso de guantes.

Será obligatorio el uso de cubrebocas en las personas que realicen ejercicio al aire libre.

Las autoridades encargadas de dar seguimiento a estas recomendaciones son la Secretaría de Salud del Estado, la Secretaría General de Gobierno y las Presidencias Municipales.

A partir del decreto, se establecerán sanciones que van desde una multa económica y el arresto administrativo, que podrá sustituirse por trabajo comunitario, en caso de no respetarse las disposiciones señaladas.

La Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnó para su análisis y dictamen dos acciones legislativas que buscan reformar el Código Civil del Estado, relativas a modificar o suspender el pago de arrendamiento inmobiliario durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Por un lado, la Diputada Sonia Mayorga López, planteó adicionar a este ordenamiento local que las contingencias o emergencias sanitarias serán consideradas como casos fortuitos o de fuerza mayor.

Lo anterior, ya que actualmente se establece que “Nadie está obligado a cumplir una obligación si no es posible hacerlo con motivo de caso fortuito o fuerza mayor, a menos que haya contribuido a ellos, haya aceptado ese riesgo o la ley se lo imponga”, entre otros aspectos.

“Las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a esta soberanía la propuesta de contemplar como caso fortuito o de fuerza mayor, las declaraciones oficiales de contingencia o emergencia sanitaria, según sea el caso”, acotó.

Mayorga López señaló que esto brindará mayor protección y certeza jurídica a las y los comerciantes del Estado, que se encuentren afectados por los estragos provocados por la pandemia, respecto de las obligaciones civiles contractuales propias de su actividad.

Asimismo, la legisladora Olga Garza Rodríguez, planteó reformas a este mismo ordenamiento local, las cuales buscan modificar o suspender el pago de arrendamiento inmobiliario durante esta pandemia.

De tal forma ambas Iniciativas serán analizadas y revisadas en Comisiones, ya que es importante y responsable que quienes conforman de forma plural estos órganos legislativos, emitan su razonamiento jurídico-político sobre la procedencia o improcedencia de las propuestas.

Las acciones legislativas requieren de un análisis detallado e integral, a fin de que las Diputadas y Diputados de las distintas fuerzas políticas acuerden y decidan lo mejor para las familias tamaulipecas, en medio de la contingencia que se vive en el país.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, puso a consideración de las demás fuerzas políticas en el Congreso Local, la propuesta de agravar las sanciones de las conductas cometidas en contra del personal médico y cualquier persona que preste servicios de salud durante el periodo de contingencia por el COVID-19.

La Iniciativa plantea establecer en el Código Penal para el Estado, que quienes realicen conductas que menoscaben los derechos humanos o nieguen un servicio o prestación a personas que brinden servicios de salud, durante el periodo de una emergencia o contingencia sanitaria, se les aumentará hasta una mitad de la sanción correspondiente.

El ordenamiento local señala actualmente la imposición de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo en favor de la comunidad, así como multa de 50 a 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, es decir, podrían alcanzar hasta 4 años y medio de prisión y multas por un monto de alrededor de 26 mil pesos.

En representación de su bancada, el Diputado Gerardo Peña Flores pidió un aplauso para el personal médico y para quienes prestan servicios de salud en la entidad, como parte del reconocimiento a su labor y entereza, pues diariamente combaten los estragos de esta pandemia y demuestran un alto sentido de vocación, responsabilidad y profesionalismo.

“Gracias por ese gran amor y gran pasión, gracias porque momento a momento anteponen los intereses y necesidades de la sociedad sobre los propios y los de sus familias a pesar del alto riesgo al que se exponen”, manifestó.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó la importancia de brindar al personal de salud, mayores garantías de protección ante afectaciones de las que pudieran ser víctimas directas, ya que son quienes tienen la labor primordial de atender a los enfermos y con ello evitar la propagación del coronavirus.

“Durante el periodo de contingencia, en algunas partes del país, lamentablemente, estas personas han sido víctimas de diversos tipos de agresiones y actos de discriminación debido a la naturaleza de las funciones que realizan y en nuestro estado, aunque pocos, también se han presentado este tipo de casos”, precisó al exponer esta acción legislativa.

La Secretaría del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, vigila se respeten los derechos laborales de trabajadores y se atiendan las disposiciones estipuladas en los centros de trabajo, ante la emergencia sanitaria para mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS -CoV2 (COVID-19).

A través de la Dirección de Inspección y Previsión Social, se han visitado más de 245 centros de trabajo, a fin de exhortar a patrones clausurar temporalmente actividades denominadas no esenciales, y a que se cumpla con las medidas de seguridad e higiene con el personal y se brinden las prestaciones correspondientes.

De la misma manera, la Procuraduría General de la Defensa del Trabajo ha brindado 198 asesorías telefónicas despejando dudas y representando a trabajadores afectados ante un despido laboral, por su parte la Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales ha ofrecido 158 atenciones y realizado acuerdos entre patrón y trabajador.

Miguel Ángel Villarreal Ongay, titular de la dependencia, dio a conocer que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha emprendido una serie de acciones para brindar protección y salud a los tamaulipecos, en particular a quienes están inmersos en el desarrollo económico y laboral de la entidad.

“Se tiene responsabilidad en cuidar las fuentes laborales, y se respeten las medidas y acuerdos establecidos para los centros de trabajo, estamos actuando para tener menores consecuencias ante la pandemia”, dijo el funcionario.

Expresó que tan sólo en el norte del estado, ciudades como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, que concentran un gran número de empresas maquiladoras y trabajadores, más del 70 % han parado labores y personal de la Secretaría del Trabajo han despejado dudas o resuelto inconvenientes entre los obreros, respecto a su integridad o salud y lo que marcan la Ley Federal del Trabajo ante una emergencia.

El Secretario sostuvo que en gran medida, empresarios han tomado conciencia y han sabido ser responsables al llamado de la autoridad, que en un esfuerzo conjunto buscan conservar las fuentes de empleo y la sostenibilidad de las empresas.

Durante la noche del lunes y madrugada de este martes, el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó 20 nuevos casos positivos a COVID-19 en Tamaulipas, informó la Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa.

Molina Gamboa informó que en Ciudad Victoria se confirmaron 6 nuevos casos, 2 masculinos de 26 y 43 años de edad, respectivamente y 4 mujeres de 6, 7, 18 y 67 años de edad.

De Matamoros son 5 nuevos casos; un hombre de 69 años, un hombre de 50 años (defunción), y tres mujeres de 44, 47 y 60 años de edad; a Río Bravo corresponden 5 casos y son una mujer de 21 años y 4 hombres de 26, 32, 34, y 53 años de edad.

En Nuevo Laredo se confirmaron 2 nuevos casos que corresponden a dos hombres de 33 y 37 años de edad.

Y finalmente en El Mante, una mujer de 25 años y en Altamira un hombre de 44 años de edad.

Además dio a conocer dos fallecimientos, un hombre de 50 años que era atendido en el Hospital General de Zona número 13 del IMSS de Matamoros y un hombre de 55 años originario de Río Bravo que era atendido en la Cínica 270 del IMSS de Reynosa.

Con ellos, la cifra oficial es de 230 casos positivos y 9 fallecimientos por la enfermedad causada por el Coronavirus SARS CoV-2 en el estado.

Molina Gamboa precisó que la instrucción de Gobierno del Estado es mantener informada a la población con oportunidad y veracidad sobre la situación de COVID-19 en Tamaulipas a través de las plataformas oficiales y reiteró el llamado a mantener el confinamiento social ya que es la forma más efectiva de cortar la cadena de transmisión del virus y la velocidad de contagios.

El Gobierno de Tamaulipas reiteró su llamado de intervención de las autoridades federales para atender a migrantes en la frontera del estado, luego de confirmarse 16 casos de COVID-19 entre esta población que se encuentra varada en ciudades vecinas a los Estados Unidos, considerado epicentro de la pandemia del Covid-19.

El Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, afirmó que la omisión denunciada públicamente llevó a que se promoviera una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Advirtió que en caso de que la omisión prevalezca, “seguramente los más perjudicados vamos a ser los tamaulipecos”, pues refirió que a partir de la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Tamaulipas y el Instituto Nacional de Migración, se han enviado 18 oficios señalando irregularidades en el manejo de las personas migrantes la mayoría extranjeros y 8 oficios más, exigiendo la intervención inmediata en este asunto.

Manifestó que el Gobierno de Tamaulipas ha solicitado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Controversia Constitucional cuatro medidas cautelares:

Primero, la restricción de la circulación de personas en la frontera norte los EEUU, en el tramo correspondiente a Tamaulipas, limitando dicha circulación respecto de los viajes inter-fronterizos de naturaleza no esencial, tal como se determina en la Declaración Conjunta sobre la Iniciativa Conjunta de Estados Unidos y México para Luchar contra la Pandemia del COVID-19.

Segundo, el establecimiento de lineamientos generales respecto de controles sanitarios estrictos a las personas migrantes en la frontera norte con EEUU, en el tramo correspondiente a Tamaulipas.

Tercero, el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales de retornar a sus países de origen a las personas migrantes deportadas por los EEUU.

Y cuarto, el establecimiento de lineamientos generales respecto de controles sanitarios estrictos y medidas preventivas de contagio de SARS-CoV-2 en las instalaciones donde se encuentren personas migrantes.

Señaló que los 16 contagios detectados, forman parte de una población de migrantes instalados en diversos albergues y casas que no son infraestructura federal, sino proporcionados por personas altruistas, religiosos en la mayoría de los casos.

Explicó que tan sólo en el caso de Matamoros hay 1 mil 419, migrantes extranjeros en su mayoría instalados en un campamento improvisado al borde del Río Bravo en esa ciudad fronteriza.

Dijo que existe una población flotante estimada en 10 mil migrantes, de los cuales el Gobierno Federal no ha sabido definir su ubicación exacta.

El Gobierno de Tamaulipas fue enfático al reiterar a través de la Secretaria General de Gobierno, la urgencia en la intervención en el tema migratorio, debido a que la solicitud de atención hecha en tiempo y forma se mantiene sin una respuesta formal por parte del Gobierno Federal.